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Lavado II: conceden recurso de casación por la exención de prisión del empresario Pedro Martínez

La defensa del ingeniero Pedro Alberto Martínez había solicitado su exención de prisión antes de que la jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger, lo procesara con prisión preventiva, el pasado 28 de mayo, por los delitos de lavado de activos agravado y por los delitos precedentes de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito y, además, le trabase un embargo por un monto de 250 millones de pesos.

La jueza Niremperger había rechazado la exención de prisión así como también la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Sin embargo, en una resolución firmada el viernes 3 de agosto, a la que tuvo acceso , ahora el tribunal de alzada, con la firma de los camaristas Eduardo Belforte -ad hoc-, Rocío Alcalá y María Delfina Denogens decidió conceder el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, solicitado por el abogado defensor de Martínez, José Ballesta.

Una causa de alta trascendencia político institucional

Vale recordar que esta causa es una de las que conmovió el escenario político provincial a principios de este año teniendo en cuenta la relevancia de las figuras involucradas, entre quienes se encuentra la actual diputada nacional por Cambiemos y exintendente de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, ambos procesados por lavado de activos agravado y embargados por 200 millones de pesos cada uno en lo que se conoce como “causa Lavado II” o “causa PIMP”. Según la hipótesis de la investigación, se acusa a Ayala como presunta “jefa de una banda” dedicada al lavado de activos “con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la Municipalidad de Resistencia” a través de la contratación de distintas empresas vinculadas para luego ingresar esos fondos a su patrimonio o de terceras personas dándole apariencia de licitud, beneficiándose del hecho de haber ocupado posiciones jerárquicas como funcionarios públicos.

En la causa se encuentran procesados, además, los empresarios Carlos Huidobro, presunto testaferro de Sampayo, y Alejandro Fischer, ex jefe de campaña de Aída Ayala y exapoderado de la fundación Construir; Rolando Acuña, también ex directivo de la firma PIMP SA, Fátima Rigassio, pareja de Fischer y accionista de PIMP SA, y la contadora Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco. Todos fueron embargados por un monto de 200 millones de pesos cada uno.

Además se encuentran procesados pero sin prisión preventiva Luis Escobar, Natalia Martínez Guarino, hija del empresario Pedro Martínez; Cristian Adrián Zapata, Víctor Quiroz, Eulalio Bouza y Mónica Centurión, pareja de Sampayo.

Audiencia clave

La Cámara Federal de Resistencia fijó audiencia para el próximo 6 de septiembre con el objetivo de analizar los planteos de las defensas de los procesados, es decir, si confirma o rechaza las preventivas y los procesamientos dictados por la jueza Zunilda Niremperger. Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal anuló la eximición de prisión concedida por la propia Cámara Federal a Aída Ayala y a Rolando Acuña y desestimó los recursos de los demás imputados por lo que el 6 de septiembre será un día clave para definir cómo continúa la causa. Es decir, si los procesados siguen con prisión preventiva hasta una vez concluída la etapa de instrucción.

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Perdió su DNI, le robaron la identidad y ahora no puede trabajar: el calvario de un hombre en Corrientes

Un terrible caso de robo de identidad tiene lugar en Corrientes, donde una persona está luchando por recuperar su vida tras ser víctima de un delito que no cometió. Su identidad fue usurpada por desconocidos para llevar a cabo diversas actividades ilícitas y ahora no puede conseguir trabajo.

Se trata de Walter Cristian Vidal, oriundo de Buenos Aires, quien denunció que robaron su identidad para cometer múltiples crímenes y estafas hace más de ocho años.

"Me estoy quedando sin trabajo por culpa de este error, yo no tengo antecedentes penales", denunció Vidal, quien fue detenido en medio de sus vacaciones en la localidad de Monte Caseros en 2018 hasta que lograron constatar que no era el culpable de los delitos que se le atribuían.

Esto fue posible gracias a que las huellas digitales de los delincuentes no coincidían con las suyas. La usurpación de su identidad se dio luego de que Vidal extraviara un ejemplar de su DNI años atrás.

El robo de identidad es un delito que, aunque parece abstracto, tiene efectos tangibles y devastadores en las personas afectadas. En este caso, el autor de la suplantación de identidad cometió múltiples crímenes utilizando los datos personales de la víctima, lo que dejó huellas en su historial crediticio y en su reputación social. 

A pesar de que la persona nunca estuvo involucrada en los actos ilícitos, los registros de estas acciones siguen asociadas a su nombre, lo que complica aún más su situación.

Fuente: DataChaco

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Jugaba en Banfield, soñaba con llegar a Primera y murió tras ser atropellado: el crimen de Ángel Caballero

Ángel Caballero había cumplido 17 años el 8 de enero de 2020. Jugaba en las divisiones inferiores de Banfield desde los 9 y soñaba con, algún día, poder debutar en Primera. El 24 de ese mismo mes, fue atropellado por una camioneta en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Luchó por su vida durante 4 días, hasta que finalmente murió. Su familia, a casi 5 años del lamentable hecho, exige justicia.

El adolescente estaba arriba de un carro, acompañando a su tío que hacía changas. En un momento, su tío se bajó para levantar cartones y él quedó solo arriba. Un vehículo pasó a toda velocidad en el cruce del Camino de la Ribera Sur y la calle Bariloche y arrasó con el carro. Ángel quedó tendido en el asfalto durante varios minutos, hasta que algunos vecinos se acercaron a auxiliarlo.

En un video al que accedió TN y que fue registrado por un testigo, se puede ver a la víctima tendida inmóvil en el asfalto, rodeado de un grupo de personas. “Le pegó de lleno”, se escuchó decir a uno de los presentes, mientras con su celular hablaba con el servicio de emergencias. De fondo, se puede ver el carro totalmente destrozado sobre la vereda.

“Según testigos, mi hijo en el suelo hablaba”, le contó a este medio su madre, Cinthia Osorio. A los pocos minutos, una ambulancia llegó al lugar y Ángel fue trasladado hasta el Hospital Gandulfo, en donde estuvo internado hasta que falleció el 28 de enero.

Cinthia cargó contra las autoridades policiales que estuvieron a cargo del caso al principio: “El subcomisario de La Noria quería que mi hijo se levante de la cama y vaya a declarar, porque él tuvo el accidente. Mi hijo estaba en coma, ¿cómo va a ir a declarar? Hubo muchas irregularidades”.

Ella recién se enteró de lo que había pasado cerca de la medianoche, cuando el choque fue antes de las 20: “No sabían cómo decirme que mi hijo estaba en coma”. Por su parte, el conductor de la camioneta se dio a la fuga. “Lo dejó ahí tirado”, señaló.

Días después, logró ser identificado y estuvo involucrado en la causa, aunque nunca fue imputado. “Dijo que no se dio cuenta, que pensó que había chocado una bolsa de basura”, sostuvo Cinthia. En un comienzo, buscaba que el sospechoso admitiera que había sido un accidente involuntario y afirmó que de esa manera lo hubiera perdonado.

“Esperaba que se retracte, que dijese ´fui yo, pido disculpas, no fue queriendo´. No lo hizo. Hoy quiero que vaya preso, que pague lo que tenga que pagar. Se lo pudo haber hecho a cualquiera. Van a ser 5 años y sigue libre como si nada en su casa”, apuntó. Y remarcó: “No le interesó nuestro sufrimiento”.

Del relato de los testigos a las cámaras de seguridad que no funcionaban

De acuerdo a lo que contó Cinthia, hubo dos testigos que fueron citadas a declarar. “Dijeron que fue una camioneta gris, que vieron de frente el choque y que ellas lo asistieron primero”, precisó. Una de esas declaraciones fue el 8 de abril de 2021.

Según el relato de una chica de 18 años, pese a que era de noche cuando ocurrió el accidente, la iluminación artificial en el lugar era buena. Además, contó que estaba saliendo de su casa con su hermana cuando “vio volar unas cajas” a lo lejos, de acuerdo a lo que se desprende de su declaración en el expediente.

Las cámaras de seguridad podrían haber esclarecido la situación, pero increíblemente no andaban, de acuerdo a lo que contó la mujer. “Una semana antes, en el mismo lugar, hubo un robo y andaban. Casualment, esa semana que pasó lo de mi hijo, no andaban”, deslizó. Y añadió: “Mi papá fue con uno de mis tíos al centro de monitoreo y les dijeron que se quedaran tranquilos, pero después las cámaras no andaban”.

Una causa que no avanza

Desde el comienzo, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Cinthia indicó que había pruebas suficientes para que el sospechoso quedase tras las rejas: “No sé por qué está libre, hasta el día de hoy no tengo respuestas”.

De todas formas, todavía mantiene la esperanza de que haya un juicio para juzgar al responsable. “Sigo yendo al juzgado y me dicen que van a llamar a todos los testigos, que está identificada la persona que lo atropelló”, contó.

“Ángel era un chico que vivía estudiando, tenía un título de reparación de celulares y quería ser jugador de fútbol”, recordó. “Siempre estaba queriendo salir adelante. Todavía lo sigo esperando”, expresó.

Fuente: TN

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Los policías de Córdoba deberán someterse a un test de drogas obligatorio y aleatorio

Desde este jueves, los efectivos de la Policía de Córdoba deberán, someterse a un control de drogas de forma obligatoria. Se trata de un protocolo que fue aprobado mediante una resolución ministerial firmada por el titular de la cartera de Seguridad de esa provincia, Juan Pablo Quinteros.

La medida tiene la finalidad de “garantizar la seguridad pública y mantener la integridad y profesionalismo de la fuerza policial”, señaló el Ministerio cordobés en un comunicado. De acuerdo a lo informado, se implementará a través de la Dirección General de Control de Conducta Policial de Córdoba, con testeos aleatorios y por sospecha razonable al personal de los distintos cuerpos de la Policía, a todos los integrantes de la fuerza, y de manera obligatoria para aquellos efectivos que estén en condiciones de ascender a jerarquía superior.

El protocolo fue presentado este jueves por Quinteros y el jefe de la Policía de Córdoba, el Comisario General Leonardo Gutiérrez. “En concreto, se trata de testeos toxicológicos que se realizarán de manera aleatoria como elemento disuasivo para detectar personal que pueda verse afectado en su desempeño laboral”, explicaron desde el ministerio.

Al mismo tiempo, “se realizarán pruebas por sospecha razonable cuando existan indicios suficientes para sospechar que un personal policial está bajo la influencia de drogas, pruebas post-incidentes o accidentes para determinar si alguien estaba bajo la influencia de sustancias en el momento del evento, y pruebas de ingreso, donde se evaluará a los candidatos durante el proceso de selección antes de ser admitidos en la fuerza”.

El decreto señala que “el presente protocolo busca asegurar el correcto funcionamiento de las fuerzas de seguridad, preservando la confianza pública y garantizando el cumplimiento de las normas legales y éticas vigentes”.

En el segundo artículo, dispone la obligatoriedad de realizar el examen complementario de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, para todo el personal superior y subalterno de los distintos cuerpos y grados de la Policía de la Provincia de Córdoba, que estén en condiciones de promocionar a la jerarquía inmediata superior, conforme a lo previsto en el artículo N° 66 de la Ley N° 10.954.

Al respecto, Quinteros señaló que la medida tiene que ver con “el compromiso del Gobierno Provincial con la seguridad pública, y con la necesidad de garantizar el adecuado desempeño del personal policial, asegurando de esta manera idoneidad y capacidad para ejercer sus funciones, tanto en jefes como en subalternos”.

“Nuestra Policía es parte de la sociedad, y el flagelo del consumo problemático de sustancias debemos combatirse en todos los ámbitos. Es un abordaje en principio sanitario, clínico, lo que no quita la posibilidad que tomé cartas en el asunto el órgano disciplinario. Esta es una decisión que adecúa a la Policía de Córdoba a lo dispuesto por la ley 10.954, en relación a la realización del narco test. El objetivo es prevenir y combatir el consumo problemático, y profesionalizar aún más el trabajo de la fuerza de seguridad”, cerró el Ministro.

Por su parte, Gutiérrez mencionó que “los controles ya se vienen realizando de manera preventiva, y ahora se reforzarán aún mas, para cuidar a nuestro personal y para contar con la certeza que nuestros hombres y mujeres estén en óptimas condiciones sanitarias y profesionales para brindar servicio a la comunidad.”

Fuente: Infobae

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