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Policiales

¿Giro en la causa?: pericia contable sostiene que no habría lavado de dinero ni tampoco enriquecimiento ilícito

Así lo indicó el informe realizado por el contador Furriel Azpiroz, de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, en el marco de la causa conocida como Lavado II.

Azpiroz afirmó que, de acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, no se detectaron elementos que puedan considerarse dentro del delito de lavado. Además señaló que el crecimiento patrimonial de los imputados se correspondería con su actividad.

La causa que tiene como principales imputados a la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, sufrió un giro inesperado.

Es que una pericia contable realizada por el contador auditor, Furriel Gerardo César Azpiroz, de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, determinó que, teniendo en cuenta las pruebas que se tiene hasta el momento, no se detectó “prima facie” ningún elemento para establecer que los imputados lavaron dinero. Es decir, que no pusieron en circulación en el mercado legal bienes o dinero generados en negocios ilegales.

Tampoco se constató la existencia de facturas apócrifas, ni movimientos bancarios irregulares en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia ni en la Federación de Trabajadores Municipales. Además, sostuvo que “prima facie” tampoco habría enriquecimiento ilícito en ninguno de los imputados.

De todos modos, el perito auditor aclaró varias cuestiones. En primer lugar, del gran número de personas jurídicas que la Justicia solicitó una opinión, sólo contaba con los libros Diarios e Inventario y Balance de dos de ellas: Tecmasa SA e Inversora Nacris SA. Esto debido a que sólo a ellas les fueron secuestrados estos elementos.

Otra cuestión es el movimiento de dinero de la empresa PIMP SA, contratista del municipio para la recolección de residuos. Si bien se le solicitó al auditor que establezca una ruta del dinero que efectivamente cobró la empresa de parte del municipio desde marzo de 2014 a la fecha y la adquisición de bienes que hizo la misma, Azpiroz reconoció que con las pruebas existentes es imposible determinar tal cosa.

Además, aclaró que teniendo en cuenta los elementos que obran en el expediente, no puede por el momento determinar si existía o no una contabilidad paralela en las empresas, asociaciones, sindicatos y cooperativas investigadas.

La pericia

El informe tiene 30 páginas y está dirigido a la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. Fue solicitado en el marco de la causa caratulada “Sampayo Facundo Alfredo y otros s/Asociación Ilícita, Infracción al artículo 303 (lavado de dinero) e Infracción a la ley 24.769 (régimen penal tributario)” y su confección finalizó durante la feria judicial.

El documento es el resultado del análisis de la documentación secuestrada en la causa, datos relevados en registros públicos, perfiles fiscales de personas físicas y jurídicas investigadas aportadas por la AFIP, extractos bancarios e información complementaria “a los fines de esclarecer las presuntas operaciones de lavado”.

La investigación apuntaba a las siguientes personas: la diputada nacional, Aída Ayala; el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo; y los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Martínez, entre otras 24 personas. La pericia también incluía a las siguientes empresas, sindicatos y asociaciones civiles: el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia; la Federación de Trabajadores Municipales; las firmas PIMP SA, Tecmasa, Inversora Nacris, cooperativas Las Palmeras y la Fundación Construir, y otras 18 personas jurídicas.

En primer lugar, el perito abordó la consulta de la jueza respecto de si, de acuerdo a la información analizada, se pudo constatar si las empresas eran manejadas por personas que estaban por fuera de la conformación societaria. Es decir, si las firmas eran propiedad de testaferros.

“Del análisis de la documentación secuestrada, no emanan realidades societarias distintas a las consignadas en los registros societarios que me permitan determinar que, durante el giro comercial de las mismas, haya habido personas formalmente ajenas a las sociedades que han detentado el dominio funcional respecto de la dirección, administración y/o disposición de bienes de las empresas”, afirmó el auditor.

Extracciones

El punto 13 del informe, en el cual la jueza Niremperger le solicitó al auditor determinar si de la documentación obrante surgen extracciones o trasferencias no justificadas del Sindicato de Trabajadores Municipales o la Federación de Trabajadores Municipales a Jacinto Sampayo, Facundo Sampayo y Carlos Huidobro.

A esto, el perito respondió que “de acuerdo a la documentación obrante, no se verifican extracciones o transferencias no justificadas” del Sindicato o la Federación hacia ellos. De todos modos, aclaró que no cuenta con los libros contables Diario e Inventario ni los balances de estas entidades gremiales porque no fueron secuestradas. “Tampoco se secuestraron los comprobantes de operaciones bancarias del Sindicato ni de la Federación”, añadió.

En cuanto al punto 14, la jueza pidió “determinar a partir de que personas, empresas y por medio de quien/quienes se podrían haber obtenido o extraído bienes, dinero o recursos de origen ilícitos para convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado dichos bienes, otorgándole apariencia de legalidad”. El contador respondió que “del análisis de la documentación secuestrada y analizada a la fecha prime facie, no se ha detectado ninguna de las situaciones descriptas”.

A lo solicitado en el punto 15, “si de la consulta web ante AFIP y la documentación obrante, anotaciones no oficiales, registros de gestión y control, y registros contables se verifica la existencia de facturas apócrifas emitidas o utilizadas por los sujetos aquí investigados especificando la modalidad de la misma, los sujetos intervinientes y los importes observados (facturas duplicadas, contribuyentes no confiables, contribuyentes inexistentes, facturas sin contraprestación)”, el perito sostuvo que “entre la documentación secuestrada y analizada, prima facie, no se habrían verificado la existencia de facturas apócrifas emitidas o utilizadas por los sujetos investigados”.

Sobre el estado de evolución e incremento patrimonial registrado por cada uno de los imputados y de las razones sociales investigadas y si éstos se encuentran justificados en un origen lícito y sobre qué base, la pericia indica que “prime facie, no ha permitido determinar el estado de evolución e incremento de los investigados, pero en su caso los ingresos declarados, prime facie, corresponderían a las actividades profesionales, de dirección de empresas, Y/o comerciales inscriptas y declaradas en AFIP y/o del trabajo bajo relación de dependencia”.

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Confirman el procesamiento y la prisión preventiva para los iraníes que ingresaron al país con documentos falsos

Fueron detenidos en marzo en Buenos Aires por presentar pasaportes israelíes falsificados y realizar movimientos sospechosos.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento con prisión preventiva de los dos ciudadanos iraníes que ingresaron a la Argentina con documentación israelí falsa, al descartar que hayan actuado en “estado de necesidad” como supuestos perseguidos en su país, según la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Los jueces de la sala II de la Cámara Federal sostuvieron que Sajjad Samiei Naserani, de 27 años, y Manzoreh Sabzali, de 30, ingresaron al país “al amparo de una logística cuyo real alcance y responsabilidades debe ser determinado”, y remarcaron que aún restan realizarse medidas de prueba.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia concluyeron que las medidas en curso “permitirán avanzar no solamente sobre el accionar de los involucrados desplegado” en la Argentina, “sino además establecer la posible existencia de conexiones a nivel internacional”.

La causa se inició con una denuncia formulada por el Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina, que indicaba que el 12 de marzo arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza dos personas provenientes de España, quienes ingresaron al país con documentos falsos.

Al efectuar el control migratorio, los imputados presentaron los pasaportes israelíes a nombre de Netanel Toledano y de Rivka Toledano, lo que generó que se dispararan las alertas de la base de datos de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC Interpol) por figurar como robados.

A través de Interpol Israel se corroboró que tales numeraciones correspondían a David Assouline y a Brigitte Assouline (la mujer de David), quienes al momento de la consulta se encontraban viviendo en ese país. Además, hizo saber que los pasaportes exhibidos tenían múltiples faltas de ortografía en escritura hebrea.

“A partir de ello se ordenaron urgentes tareas de campo, logrando dar con el paradero y detención de los imputados, identificados como Mansoreh Sabzali y Sajjad Samiei Naserani, ambos de nacionalidad iraní, quienes se encontraban en un hotel ubicado en la calle Lavalle al 3000, previo haberse alojado en hospedajes en la calle Perón al 900 y en Diagonal Norte al 800, todos de esta ciudad”, remarcaron.

Los jóvenes iraníes habían sido procesados el 22 de marzo por el juez Luis Rodríguez por hacer “uso de un documento o certificado falso o adulterado”. Además de detenerlos, la Justicia les secuestró al menos dos teléfonos celulares: en uno de ellos figuraban las fotos de sus supuestos verdaderos pasaportes.

Al prestar declaración indagatoria, Naserani sostuvo que llegó a la Argentina tras escaparse de Irán por un caso de adulterio: aseguró que se enamoró de una mujer casada y que debió irse con documentación falsa para no ser detenido.

En su declaración en inglés, aseguró que ahora estaba en pareja con Mashoreh Sabzali, a quien conoció en España y con quien compró los documentos con los que juntos ingresaron a nuestro país.

De acuerdo con la investigación judicial, antes de ser detenidos en Buenos Aires por la zona del Abasto, Naseran realizó una llamada telefónica desde un celular que, según declaró, habría sido a un abogado experto en delitos migratorios que sacó de Google.

Fuente: TN.com.ar

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Mutilaron con cuchillos y torturaron a una testigo del caso María Cash

La mujer es sobreviviente y denunciante de una red de trata que operaría en Salta y Tucumán, y de la que formaría parte su ex pareja. Mirá cómo la dejaron.

Julia Leal denunció, en mayo de 2018, que su ex novio, un agente del Servicio Penitenciario Federal, formaba parte de una red de trata que habría mantenido secuestrada a María Cash en una casa de Campo Quijano.

En aquel entonces, Leal fue citada a declarar pero por contradicciones la justicia no tomó reparo de su declaración y no avanzó en la investigación. Eso llevó a su abogado, Sergio Chericotti, a dar un paso al costado del patrocinio, aunque ahora trascendió que también dimitió por amenazas anónimas que recibió durante el proceso, según indica el diario El Tribuno.

Tras ser amenazada en reiteradas oportunidades, Leal fue secuestrada y tortura da con cuchillos. Tras se liberada, la víctima concurrió al hospital San Bernardo con graves heridas en su espalda, donde le inscribieron un mensaje mafioso.

Por el momento, la familia Cash decidió llamarse a silencio y esperar respuestas por parte de la justicia que mantiene un estricto hermetismo.

Cash. Tenía 29 años cuando fue secuestrada en 2011.

 

Antecedentes

En mayo de 2018, Leal habría sufrido un nuevo secuestro en el que los mafiosos le escribieron en su abdomen: “el macho gana siempre”.

Implicancias en el caso María Cash

El domicilio que compartió la pareja en Campo Quijano, asegura Leal, fue utilizado por su ex marido y otros agentes penitenciarios para fines de trata.

En una de sus últimas declaraciones en los medios, Julia dijo haber visto antes de 2013, en el interior de la vivienda, a tres mujeres que serían esclavas sexuales, una de las cuales identificó como María Cash. A partir de esos dichos, que alcanzaron repercusión nacional, la Justicia la colocó bajo el régimen de protección de testigos, la citó a declarar e inició una serie de procedimientos para corroborar la denuncia.

El 16 de abril de 2018, Leal se presentó ante el juez federal salteño Miguel Medina, a cargo del caso Cash. Pero según indicaron fuentes de la causa, su testimonio respecto de que una de esas mujeres fuera María Cash no fue consistente.

Por otra parte, llamó la atención de los investigadores el hecho de que la denunciante mencionara recién este año a la joven porteña desaparecida, teniendo en cuenta que asegura haberla visto antes de 2013.

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Preocupa el aumento de la violencia y los homicidios en Mendoza

En los primeros 10 días de abril ya se cometieron cinco homicidios. Tienen un modus operandi en común: en todos se utilizó arma blanca.

Según la última Encuesta Nacional de Victimización que hizo el INDEC, y difundió en su momento la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, tres ciudades de Mendoza se encontraban entre las diez con mayor índice de homicidios. Las últimas crónicas policiales vuelven a reflejar estos datos.

En el comienzo de esta semana, en medio de una pelea, Cristian Eduardo Romero (32) recibió una herida a la altura de la axila izquierda que le provocó la muerte camino al hospital Perrupato. El incidente se registró en una finca del departamento de San Martín.

En tanto, el segundo hecho se dio en Godoy Cruz. Un grupo de vecinos llamó al 911 para alertar sobre un hombre que pedía auxilio luego de ser atacado. Adolfo Montecino (30), tenía un puntazo en el tórax debajo de la tetilla izquierda, y fue llevado en ambulancia hasta el hospital Del Carmen, donde falleció.

En el mismo departamento y en una zona donde se suelen registrar numerosos hechos de inseguridad, el joven Nahuel Vitali (18) fue hallado sin vida en el cruce de calles Uruguay y Tiburcio Benegas. Había salido minutos antes de uno de los boliches de la zona en la avenida San Martín Sur. Una vez más, el arma utilizada fue un cuchillo, que dio justo cerca del corazón.

Le faltaban solamente las zapatillas, incluso el teléfono celular fue encontrado cerca del cuerpo. Hay dos menores demorados por este caso. Además hoy por la tarde su familia y amigos se movilizan a la Legislatura para pedir justicia.

Otra comuna, también comandada por radicales, tuvo los dos últimos episodios. El martes apareció el cuerpo de Luis “Toti” Sevilla (31) en una finca de Guaymallén con 30 heridas de arma blanca. Según las primeras pericias de Policía Científica el cadáver fue ultimado con saña en la cabeza, brazos, tórax y cuello.

Este asesinato es investigado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y hasta ayer no había detenidos. En tanto, se sumó en la noche de miércoles Roberto Nelson Díaz (56). Fue atacado a balazos en la puerta de su vivienda del barrio Pedro Molina IV, sobre calle Servet, cerca de las 22.

Al parecer, un familiar directo mantenía deudas con un grupo de personas y estos lo fueron a buscar al domicilio. El mencionado fiscal Pirrello también investigará el caso.

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