La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la inhibición del fuero federal para continuar con la investigación de los delitos de corrupción precedentes al de lavado de activos en la causa conocida como Lavado I, por la cuál se encuentran imputados y detenidos, entre otros, el exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, y el exsubsecretario de Comercio provincial, Roberto Lugo. Vale recordar que la causa abierta en el fuero provincial podría elevarse a juicio en las próximas semanas: en la misma, los exfuncionarios se encuentran imputados y con prisión preventiva -confirmados por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal- acusados por los delitos de presunta violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos reiterada, tráfico de influencias y asociación ilícita, en concurso real.
La resolución, que difunde como primicia este portal, fue firmada este viernes por la camarista Rocío Alcalá en forma unipersonal. En la misma coincide con el planteo de la jueza Zunilda Niremperger quién consideró que la investigación por los delitos precedentes de corrupción se encuentra “significativamente más avanzada” en el fuero ordinario –a cargo del equipo de fiscales provinciales integrado por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba-. En ese sentido, la magistrada de primera instancia consideró también que la acumulación ante el Juzgado a su cargo “devendría contraproducente en materia de celeridad y economía procesal” y que afectaría “gravemente” el derecho de defensa y debido proceso de los justiciables involucrados.

Cabe recordar que al planteo de declinación de competencia federal también se habían sumado las defensas técnicas de los procesados de Roberto Lugo, Mónica Yaczuk, Alejandro Ramón Chávez, César Orlando y Patricia Raquel Zibecchi.
La oposición del Ministerio Público Fiscal
Quién se opuso a la declinatoria de la competencia federal dispuesta por la jueza Niremperger fue el fiscal de primera instancia, Patricio Sabadini, y su postura fue sostenida también por el fiscal general ante la Cámara Federal, Federico Carniel. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la jueza “soslayó la trascendencia y gravedad institucional que reportan los hechos investigados, en los que se evidencian maniobras de lavado de activos provenientes de delitos de corrupción desarrolladas en el marco de organizaciones ilícitas con cobertura estatal, circunstancias que tornan necesaria la intervención del fuero de excepción, habida cuenta la importancia de los bienes jurídicos potencialmente afectados y el interés nacional que reporta la cuestión”.
Sabadini interpretó que “la escisión de la investigación de los hechos impediría apreciar la real magnitud y alcance de la presunta organización criminal sujeta a proceso, alertando en tal sentido respecto de la potencial afectación a garantías procesales de los justiciables”.
Procesados
A principios de junio pasado, la jueza Niremperger procesó con prisión preventiva al exsecretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, como presunto jefe de una banda dedicada al lavado de activos provenientes del desvío de fondos públicos de la pauta publicitaria oficial. También hizo lo propio con el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, pero en su caso por haber beneficiado con contrataciones a empresas vinculadas a él y sus allegados durante su paso como ministro de Desarrollo Social. A ambos les trabó un embargo por 50 millones de pesos.
En la causa también fueron procesados el ex responsable del Fideicomiso de Administración de la Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO), Gustavo Katavich; el excoordinador del Programa Argentina Trabaja y mano derecha de Lugo durante su gestión en Desarrollo Social, Ricardo Ariel Retamozo; a la esposa de Lugo, Monica Yaczuk; a la pareja de Retamozo y presunta testaferro de Lugo y Rey, Claudia Varela, y al presunto creador de fundaciones apócrifas y supuesto gestor de retornos ilícitos, César Zibecchi.