Nacionales
El Banco Central bate récord en emisión de billetes
Se trata de la mayor inyección en 30 años, ¿se viene un aumento en la inflación? ¿hay riesgo de una hiper?
Los efectos de la pandemia y la cuarentena adoptada para enfrentarla son múltiples para nuestra economía. Una caída drástica en el nivel de actividad generó severos problemas a un país que atraviesa una crisis desde el año 2018. Las proyecciones que dispone el Banco Central (BCRA) mediante su relevamiento de expectativas de mercado (REM) indican que el PBI real para este año se contraerá un 9.5%. El parate en la actividad genera que amplios sectores pierdan completa o parcialmente sus ingresos.
Para enfrentar el avance de la pandemia, la administración de Fernández debió aumentar los gastos sanitarios. Y, para contrarrestar la crisis económica, el Gobierno ha ensayado algunos programas de ayuda estatal. El ATP que destina recursos estatales para pagar la mitad de los salarios privados, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y créditos a tasa subsidiada para pequeñas y medianas empresas, son las principales herramientas para contener la crisis.
Lógicamente, el dinero para financiar estos programas debe salir de algún lado. En este caso, el Gobierno recurrió a la emisión monetaria del Banco Central (BCRA). La impresión de billetes como fuente de financiamiento se dió por descarte. Las otras dos fuentes tradicionales se encontraban y encuentran agotadas: el Estado gasta más de lo que recauda con impuestos (déficit fiscal) y estamos en default, por lo que endeudarnos está fuera de la mesa.
Emisión
En este sentido, la maquinita de imprimir billetes del Banco Central está funcionando a niveles récord. En lo que va del año, la entidad dirigida por Miguel Pesce ya le giró al Tesoro $1,052 billón: $312.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios (AT) y $740.000 millones por Transferencia de Utilidades.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “los $1.052.000 millones de asistencia directa del BCRA implican una emisión del 3,5% del PBI estimado para 2020, convirtiéndose en la mayor cifra de los últimos 30 años”. Vale aclarar que aún estamos en junio, por lo que esta cifra está lejos de ser definitiva para el año 2020.
Veamos otra forma de medir las dimensiones del problema: sólo durante el mes de mayo, la autoridad monetaria envió al Tesoro Nacional unos $430.000 millones bajo el rótulo de transferencia de utilidades. Esta cantidad es casi equivalente a la recaudación informada por la AFIP para el mismo período ($449.535 millones). Básicamente, el Estado se financió en mayo en partes iguales con sus ingresos corrientes (impuestos) y con la emisión monetaria.
Como mencionamos más arriba, el déficit fiscal sostenido previamente a la explosión del virus no deja margen para que el Gobierno utilice sus ingresos para intervenir activamente. Esta situación se agravó con la llegada del Covid-19. Según el IARAF, “a partir de marzo 2020, el aislamiento generó una rápida caída de la actividad económica que tuvo dos efectos clave sobre las finanzas públicas. En primer lugar, la necesidad de aumentar el gasto social y el gasto en salud para sostener a una gran porción de la población sin ingresos propios, y, en segundo lugar, una gran merma en la recaudación atada al nivel de actividad y dependiente del cobro de impuestos al consumo”.
El mundo
Pero los efectos del coronavirus fueron y son tan devastadores que todos los países del mundo tuvieron que recurrir a la expansión del gasto para contrarrestarlas. La consultora LCG realizó un informe en base a datos del FMI, donde reveló la inyección de recursos de los países: Italia encabeza el ranking con un 29,6% del PBI en aumento de gastos, luego Alemania con 27,9%, Japón 21,1%, Francia 19%, Reino Unido 18,8%, Estados Unidos 11,1%, España 11%. En América Latina, Brasil encabeza con un 8%, por su parte Chile expandió un 6,7%. Sin embargo, la inyección de gastos en términos relativos de Argentina llega al 4,9% del producto, muy por debajo del resto.
Esta expansión monetaria mundial resulta más impactante si se la toma en términos absolutos. Tomemos el caso de la primera potencia económica. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo de u$s 2,3 billones, el más grande de su historia. El Departamento del Tesoro informó que tomará prestados u$s 3 billones sólo este trimestre, seis veces por encima del récord anterior.
Esto genera un aumento del dinero en circulación. Sin embargo, no estamos viendo un crecimiento generalizado en el nivel de precios. En Estados Unidos, los precios de mayo del 2020 subieron sólo un 0,1% en comparación al mismo mes del año anterior. Las bajas cifras también se replican en la región, donde Brasil registra una inflación del 1,9% interanual en mayo y la de Chile alcanza un 2,8%. En estos dos países vecinos, los precios cayeron con respecto a abril, un 0,38% en Brasil y un 0,05% en Chile.
Inflación
Estamos acostumbrados a escuchar repetidamente que la emisión genera inflación. Sin embargo, estamos viendo la tendencia contraria. Incluso en nuestro país, donde el aumento de precios viene cayendo mes a mes. En lo que va del año, la inflación se ubicó en 11,1%, un número sensiblemente bajo en comparación al año pasado.
¿A qué se debe este fenómeno? A que la actividad económica se encuentra total o parcialmente parada. Estados Unidos se pronunció oficialmente en recesión hace algunos días. Las cuarentenas implementadas en todo el mundo como política para frenar el avance del coronavirus generó un “shock de oferta”.
Es decir, cese de producción y cierre de canales de ventas. Al mismo tiempo, la caída en el ingreso de la población produjo un “shock de demanda”, ya que mucha gente no tiene plata para gastar, y ahí es donde apunta la inyección monetaria. La caída en el nivel de transacciones en la economía desemboca en aumentos de precios decrecientes.
Argentina
En nuestro país, la contención de la inflación también se da por algunas medidas gubernamentales. Las políticas de Precios Cuidados, el establecimiento de precios máximos en algunos alimentos y las tarifas de servicios congeladas van en ese sentido. De hecho, durante el mes de mayo, el rubro Alimentos aumentó sólo un 0,7%, por debajo del índice general elaborado por el Indec, el cual cerró en 1,5%.
Otra particularidad nacional es bien conocida: el dólar. El aumento de precios en nuestro país está estrechamente ligado al valor de la divisa. Esto se debe a que la producción nacional es muy dependiente de insumos importados. Por eso, las variaciones al alza del dólar oficial repercuten casi directamente en inflación. Cabe señalar que debemos mirar el valor oficial de la divisa porque este es el utilizado para comprar los insumos del exterior. De acá se explica lo ocurrido en los últimos meses, donde subas importantes en las cotizaciones paralelas del billete verde no tuvieron correlato en los precios.
Expectativas
Del análisis precedente se desprende una pregunta inevitable: ¿Vamos a ver un aumento en la inflación en el futuro? Volver a la comparación internacional puede ayudarnos. Vimos como todos los países tomaron políticas similares a la nuestra (y en mayores dimensiones) y con resultados similares en términos de precios. Sin embargo, las expectativas sobre lo que pueda ocurrir una vez que las economías se “normalicen” y salgan de las cuarentenas son diferentes.
En términos teóricos, los defensores acérrimos del axioma “la emisión genera inflación” señalan que existe un “lag” entre el aumento de los agregados monetarios y su traslado en alza de precios. De esta forma, calculan que existe un retardo de 6 a 12 meses en el traspaso de inyección monetaria a inflación.
Pero este proceso seguramente sea diferente en todos los países, y va a depender de la recuperación de las economías nacionales. Más allá de esto, Estados Unidos puede darse el lujo de inundar de moneda su economía porque el dólar es ampliamente aceptado, tanto dentro como fuera de sus fronteras como reserva de valor. Nosotros a esto lo sabemos bien: nunca se nos ocurriría dejar de demandar dólares. Ahí el problema de Argentina, donde la población en lugar de ahorrar en pesos lo hace en divisas.
Es que el peso argentino posee muchos problemas: devaluaciones que licúan su valor; procesos inflacionarios y hasta hiperinflacionarios que dinamitan el valor de la moneda nacional, llegando incluso a cambiar su denominación en varias oportunidades; medidas confiscatorias del ahorro local (corralito, plan bonex); todos estos factores históricos hacen que los argentinos, siempre que podamos, huyamos del peso y nos refugiemos en la moneda norteamericana.
La recuperación
Por estos motivos, es de esperar que una eventual recuperación económica genere una aceleración inflacionaria. Aunque en el corto plazo la depresión del nivel de actividad e ingresos de la población genere un efecto contrario, tarde o temprano la economía retomará un sendero expansivo.
Un rebote rápido repercutirá en un aumento en los ingresos de la población, y esto hará que quienes tengan capacidad de ahorro se vuelquen al dólar. La gran cantidad de pesos emitidos para salir de la crisis puede terminar yendo a parar en parte a la demanda de dólares. Un aumento en la demanda de dólares llevará a un aumento en el valor de las cotizaciones paralelas, debido a las restricciones para acceder al oficial. Pero, más temprano que tarde, el Gobierno terminará convalidando con una devaluación el aumento en las brechas cambiarias. Siempre que creció la brecha, terminó cediendo el oficial. Como explicamos anteriormente, una suba del dólar oficial repercute casi directamente en la inflación.
Sin embargo, es poco probable que la economía se recupere rápidamente una vez superada la crisis (en forma de V). Una recuperación más lenta puede hacer que la inflación no se dispare. Sea como fuere, que tendremos un excedente de pesos en circulación es una realidad aceptada por todo el mundo.
Esterilizar
El ministro de Economía es consciente del problema que nos enfrentamos en el futuro cercano. Por eso, en una entrevista reciente, Guzmán señaló que será necesario esterilizar gran parte del dinero circulante. Esterilizar implica sacar estos pesos de circulación. ¿Cómo se hace esto? en los últimos años, mediante pasivos remunerados del Banco Central. Las famosas Lebac, ahora Leliq y Pases. Estas letras son ofrecidas por el BCRA a los bancos comerciales, donde estos últimos colocan sus pesos a cambio de una tasa de interés. De esta forma, la autoridad monetaria se asegura que estos billetes no circulen entre el público.
Pero esta solución es temporal, e incluso puede agravar el problema a futuro. Las Leliq pueden transformarse en una bola de nieve, donde a la emisión precedente se le agrega nueva emisión debido al interés generado en las cuentas del Banco Central. El problema ya es bastante grande hoy: si sumamos el stock de Leliq y Pases tenemos un número superior a los $2,2 millones. Los Pases rinden un 19% anual y las Leliq un 38% anual. Recordemos que los Pases son colocaciones a 1 o 7 días, mientras que las Leliq tienen 27 o 28 días de plazo. Por lo que, si los bancos comerciales deciden que su inversión no es rentable, pueden salir rápidamente y hacer circular los pesos a una tasa superior.
Conclusión
Finalmente, la política de esterilización de pesos sobrantes mediante las colocaciones en pasivos remunerados puede terminar agravando el problema en el futuro. Sin embargo, como señalamos en la introducción, el Gobierno no dispone de otra fuente de financiamiento para expandir su gasto en salud y en asistencia para empresas y trabajadores. Lo cierto es que la opción era: inyectar dinero o dejar que las empresas quiebren y la gente se quede sin ingresos. No hay muchas opciones. Lo que se puede discutir es la magnitud de la ayuda y cómo fue dirigida.
De esta forma, el problema inflacionario que se deriva de la emisión monetaria aparecerá después de la pandemia, o cuando la economía comience a recuperarse. En el corto plazo, con una recesión tan grande, los precios seguirán controlados. En el mediano, dependerá de la magnitud de la recuperación y de la capacidad del Gobierno para absorber los pesos sobrantes. ¿Podemos terminar en una hiperinflación? este extremo resulta poco probable, debido a los controles cambiarios y el bajo nivel de actividad e ingresos que nos dejará la crisis. Lo que sí es altamente probable, es que la inflación vuelva a acelerarse conforme se vayan levantando las restricciones.
Nacionales
El Gobierno profundiza los controles migratorios en todo el país para detectar extranjeros en situación irregular
El Gobierno profundiza los operativos para detectar extranjeros en situación irregular y avanza con cambios internos, legales y tecnológicos en la Dirección Nacional de Migraciones. El esquema combina controles territoriales con las fuerzas federales y nuevas herramientas para centralizar información y generar alertas.
Migraciones define las zonas de los operativos mediante tareas de campo y análisis sobre lugares de mayor concentración o tránsito de extranjeros. Los despliegues pueden ser planificados o activarse a partir de un requerimiento y se coordinan con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En Nación aseguran que los operativos federales no requieren un aviso previo a los gobiernos provinciales.
Uno de los últimos procedimientos de mayor despliegue se realizó en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. Fuentes oficiales aseguran que se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias y que entre ellos se identificó a un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión. El gobierno de Santa Fe no había sido informado previamente.
La respuesta posterior depende del tipo de irregularidad detectada. Si una persona tiene vencida su permanencia o debe completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación. Si se comprueba un ingreso ilegal, puede avanzar el procedimiento migratorio que derive en una expulsión. Ante causas judiciales pendientes intervienen las fuerzas correspondientes, y cuando existe un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.
Ese esquema tiene ahora un marco legal más amplio que el que regía antes de 2025. El DNU 366/2025 facultó expresamente a Migraciones a requerir la acreditación de identidad y situación migratoria y a organizar operativos de inspección y fiscalización. También estableció que quien ingrese por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio puede quedar sujeto a expulsión y habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular sea detectado en el momento.
La ampliación territorial se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. La Resolución 551/2026 dispuso que Migraciones trabaje coordinadamente con PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA y ordenó crear en cada una de esas fuerzas Unidades de Seguridad Migratoria para tareas de prevención, detección e investigación de ilícitos migratorios.
Los procedimientos ya tienen antecedentes en distintos puntos del país. En abril, por ejemplo, la PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular; el operativo continuó luego en Tartagal. En julio, Gendarmería detectó además en Misiones a cinco ciudadanos chinos sin registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.
Otro frente es la reorganización tecnológica y administrativa de Migraciones. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar información de pasajeros que ingresan o salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Ese sistema se complementa con la plataforma central de control migratorio, que ya cruza movimientos con información de Interpol y datos anticipados suministrados por las compañías de transporte.
El Gobierno también creó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo dispone cruces automatizados y permite producir nuevas alertas a partir del análisis de riesgo y exige identificar su origen y grado de confiabilidad.
En ese contexto, Migraciones obligó además en julio a todo su personal a firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La disposición alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas, y establece que las consultas realizadas en los sistemas pueden quedar registradas y auditadas.
El endurecimiento operativo se combina con una nueva modificación legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso y cancelar una residencia que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios. Para quienes ya tienen residencia, la cancelación puede terminar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias del caso.
La Casa Rosada quiere incorporar esa causal al sistema de alertas migratorias, sin crear una plataforma tecnológica independiente. La intención es que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas consultados por los inspectores cuando intenta ingresar al país. Todavía resta definir un protocolo sensible: quién genera la alerta, con qué evidencia se carga y qué instancia la valida, especialmente ante la posibilidad de planteos judiciales.
En el Ejecutivo consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política diferente a la discusión que se produjo alrededor de la Ley de Tierras. Mientras en Balcarce 50 admitieron que la flexibilización sobre extranjerización generó un costo y terminó convirtiéndose en una disputa difícil de sostener, interpretan que una política de mayor control migratorio responde a una demanda que ya existe dentro de la base electoral libertaria y prevén profundizarla.
Fuente: TN
Nacionales
El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.
Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.
Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.
El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.
Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.
Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.
Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Qué dice el proyecto
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Fuente: Infobae
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Camina por el barrio, elige un lugar al azar y lo pinta gratis: ya transformó casi 40 negocios
Diego Fleitas camina por las calles de Berazategui y Quilmes con un ojo clínico. No busca baches ni direcciones; busca frentes apagados, persianas descascaradas y emprendedores que, como él hace 15 años, la estén “remando” contra viento y marea.
Diego, de 48 años, es dueño de Patodacolores, una pinturería familiar, pero en el último año se convirtió en algo más: el hombre que les devuelve el color a los barrios, de forma gratuita y al azar.
“Esta idea es para ayudar a un emprendedor que la está peleando. El frente de un comercio demuestra que la pintura es buena, pero sobre todo, demuestra que hay alguien del otro lado que apuesta por vos”, contó Diego en diálogo con TN.
La historia de la pinturería nació de un giro inesperado. Diego era profesor de Educación Física cuando conoció a Patricia Gauna (47). Ella trabajaba en el rubro y él, con el alma de emprendedor inquieta, le propuso abrir un negocio propio. “Me dijo de poner un gimnasio, pero terminamos emprendiendo en una pinturería”, recuerda.
Los comienzos en Quilmes no resultaron fáciles. Fueron durísimos. Los proveedores no nos querían vender y, para que te abran una cuenta, tenías que pagar todo en efectivo, invertir muchísimo dinero para iniciar y, encima, el alquiler. Fue a pulmón”. Hoy, 15 años después, el equipo es plenamente familiar: Diego, Patricia, su ahijado y sus hermanos, que dan una mano cuando el trabajo desborda.
La iniciativa de pintar fachadas gratis surgió en octubre de 2024, aunque los videos empezaron a viralizarse recién en 2025. “La idea fue mía, pero mi esposa me sigue a todo lo que digo, pobre”, bromeó Diego. El concepto es simple pero potente: detectar un local que necesite un cambio de imagen, presentarse con una carta y ofrecer la transformación total.
Sin embargo, el camino de la solidaridad tiene obstáculos. “Muchas veces nos rebotaron por desconfianza. También hay mucho ‘odio’ en redes porque llama la atención que alguien haga esto gratis”, explicó. Pero cuando el “sí” llega, la magia ocurre en tiempo récord: “Si lo podemos hacer en seis o siete horas, lo hacemos. Me encanta el factor sorpresa”.
“No pinto beige, la onda es que se vea”
Diego no se limita a cubrir manchas: busca impacto. Sus diseños suelen incluir colores vibrantes e incluso luces para que el negocio destaque de noche. “Necesitás ese impacto visual. Puedo pintar un beige clarito o un blanco, pero la idea es que se vea, que la gente pase y diga: ‘Mirá ese local’”, sostuvo.
Los resultados son inmediatos y no solo estéticos. Diego recuerda el caso de un barbero en un pueblo de Corrientes de 30 mil habitantes: “Lo vieron tres millones de personas en redes. Al pibe le llovían los pedidos. Yo les digo que van a vender más después de pintar, y después, me llaman para confirmarlo. Eso me emociona: la cara de la gente cuando ve su local terminado”.
Llevar adelante este proyecto requiere un malabarismo constante. Diego y Patricia coordinan las pintadas en los baches que deja la rutina familiar. “Lo voy mechando como puedo. Cuando mi nena está en el jardín, mi mujer va y viene del local y yo le meto al pincel”, relató.
Con casi 40 emprendedores ya transformados bajo el brazo, Diego siente que el rédito más grande no es económico, aunque el trabajo en la pinturería aumentó gracias a los “tips” y la visibilidad. “Todo lo que es solidaridad lo hacemos, no me alcanza. Hemos pintado hasta casas de acumuladores compulsivos”, indicó.
Para Diego, cada persiana que se levanta con color nuevo es una batalla ganada al desánimo. “Me re emociona que se vea tanto. Si nosotros subsistimos 15 años, quiero ayudar a que otros también lo logren”, completó.
Fuente: TN