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Cómo vive Cristina Kirchner los días después del atentado: entre el repliegue hermético y la estrategia política
Mientras se repone del shock por el intento de magnicidio que sufrió, no descuida el frente judicial y ojea el escenario para el 2023, con un peronismo resurgido que se unificó en torno a su defensa.
Tras salvarse de milagro de un intento de magnicidio, la vicepresidenta Cristina Kirchner vive las horas posteriores reponiéndose del shock, con acompañamiento afectivo incesante de sus hijos, pero sin descuidar el frente judicial, que la tiene como acusada en la causa Vialidad y ahora también como querellante por el episodio traumático que le tocó vivenciar como víctima.
Luego de que un hombre se colara entre el cordón militante que la custodiaba y gatillara dos veces sobre el rostro de la ex presidenta, ella no cayó en la cuenta que había estado al filo de la muerte y siguió saludando y firmando autógrafos como si nada a los simpatizantes que se agolparon para verla en la icónica esquina de Juncal y Uruguay. Recién la moneda le cayó cuando encendió la televisión y vio las escalofriantes imágenes y su teléfono celular empezó a explotar de mensajes.
Lo primero que atinó, lógicamente, fue a llamar a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, para buscar contención y elaborar entre ellos una primera explicación a lo sucedido. Después fueron llegando hasta su piso dirigentes y funcionarios de su primer círculo de confianza. Se decidió que Florencia se quedara junto a su hija Helena en su casa de Montserrat, para no exponerla, en tanto que Máximo fue de los primeros en llegar. También el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "el Cuervo" Larroque, con quienes el hijo de la vicepresidenta conforma el triunvirato de conducción de La Cámpora.
Se sumó a los acompañantes el secretario de comunicación, Hernán Reibel, y abajo ya estaba la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, otra integrante de la mesa chica camporista. Fue ella quien junto a Larroque se acercó a la militancia para pedirle que empezara a desconcentrar, aunque muchos se quedaron para empalmar al día siguiente con la masiva marcha a Plaza de Mayo. Más cerca de la medianoche llegó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los pocos con acceso a la intimidad de la vicepresidenta.
Fue esa la última noche que Cristina Kirchner pasó en Recoleta. El viernes, luego de dar su testimonio al juez y la fiscal que fueron a tomarle declaración a su departamento, se retiró junto a su custodia en un coche Mondeo negro blindado que pertenece a la flota presidencial (en el último tiempo se estaba moviendo en un Corolla blanco). Desde entonces, se desconoce su paradero, y en su entorno se encargan de mantener esa información en estricta reserva. Consideran que pese al refuerzo de la seguridad, la vida de la líder del peronismo continúa en peligro.
"Ella ya era víctima de persecución política y judicial, y torpedeo mediático permanente, pero el hecho de que la sentaran en el banquillo de los acusados por esta causa (la de supuesto redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz) envalentonó aún más a los fanáticos que la quieren eliminar y con ella aniquilarnos a todos nosotros como fuerza política", explicó a NA un legislador nacional de La Cámpora que no forma parte de la primera plana de la agrupación.
"Yo creo que ahora la compañera (por Cristina Kirchner) debe estar obviamente recuperándose del impacto emocional de haber prácticamente renacido, pero es una mujer con una fortaleza y una entereza a prueba de balas que no tiene nadie, pero nadie eh", enfatizó, y continuó: "Seguro que está siguiendo de cerca la investigación, hablando con sus abogados para ver qué estrategia seguir. Y no te olvides que la causa con la que la están persiguiendo sigue y ella tiene que preparar la defensa, por más que la sentencia parezca ya escrita".
Que "la condena ya está escrita" y el resultado será adverso es una premisa en la que la vicepresidenta está convencida, y por eso ella cree que será decisivo dar la batalla en la opinión pública. En ese sentido, ella venía hiperactiva, con reuniones e intervenciones constantes, preocupada por el avance del juicio pero al mismo tiempo entusiasmada por el despertar del león dormido, la militancia kirchnerista y los seguidores independientes que ganaron las calles desde la mañana misma en que el fiscal Diego Luciani leyó la acusación en su contra.
Con la totalidad del peronismo y del Frente de Todos declarado "en estado de movilización y alerta" por el "lawfare" contra su principal líder, Cristina Kirchner recuperó centralidad y se subió a la cresta de esa ola. Comenzó a mostrar en redes los apoyos de los distintos sectores sociales y políticos. Luego de "la batalla de la Recoleta", que incluyó accionar represivo de la Policía de la Ciudad contra manifestantes que habían ido llevarle su adhesión, subió al ring a Horacio Rodríguez Larreta, a quien hizo responsable no sólo del operativo de seguridad sino de provocaciones como haber puesto un vallado para impedir la movilización a su favor. Mientras la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, corría por derecha al alcalde porteño por no ejercer más autoridad para barrer el campamento kirchnerista de Juncal y Uruguay, la vicepresidenta reunía a la totalidad de los senadores y diputados nacionales, a quienes se dirigió con un discurso incendiario plagado de definiciones políticas, con críticas a Bullrich, Mauricio Macri y Rodríguez Larreta.
Si bien la situación judicial es el tema que la desvela, no se desentendió de la gestión y exhibió, por ejemplo, una reunión en el Senado con directivos de YPF y de una empresa de petróleo malaya para anunciar una alianza estratégica desde el punto de vista energético. También habló con el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre las últimas medidas económicas para lograr que el campo liquide sus cosechas.
Para el sábado, estaba programado el Congreso del Partido Justicialista bonaerense en Merlo, que iba a tenerla a ella como única oradora. Por obvias razones, el evento fue suspendido, pero la inmensa movilización del día anterior había sido una muestra contundente del poder que aún mantiene en un sector de la sociedad que la considera su líder excluyente.
La estrategia del kirchnerismo era justamente, al menos hasta la noche del jueves, exhibir poder popular en las calles, con movilizaciones silvestres y no planificadas, para marcar la cancha a la oposición y a los jueces y fiscales "macristas" que buscan la firma de su condena en los tribunales.
Mientras sopesa el momento justo para abandonar el silencio y volver al ruedo político, Cristina Kirchner ojea el escenario para 2023. Toma como elemento esperanzador el hecho de que el peronismo, que tiempo atrás se desangraba en internas, se haya unido y ordenado en torno a su figura. Por eso la idea de refugiarse en la provincia ya no es la única alternativa que está en su cabeza.
Sin embargo, aún no ve claro el panorama porque las proyecciones económicas no son ni de cerca alentadoras, más allá del apoyo que le brindó a Sergio Massa para que ejecute el ajuste que el kirchnerismo no puede realizar por resguardo de su legado histórico. En ese sentido, escapa cada vez que la apuran con una definición sobre una candidatura presidencial. Fiel a su tradición, no develerá sus cartas hasta el filo de la fecha límite legal. Lo cierto es que si ella no está convencida de que tiene buenas probabilidades de ganar, no dará ese paso adelante que le reclama su militancia. Siempre va a tener a mano la más cómoda candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que le asegura los fueros. Su pesadilla, con todo, es terminar sus días como el ex presidente Carlos Saúl Menem, atornillado a una banca en el Senado, para no purgar la condena tras las rejas. Ella se considera inocente de todos los cargos, y quiere que la juzgue la historia.
Fuente: NoticiasArgentinas
Nacionales
El Gobierno profundiza los controles migratorios en todo el país para detectar extranjeros en situación irregular
El Gobierno profundiza los operativos para detectar extranjeros en situación irregular y avanza con cambios internos, legales y tecnológicos en la Dirección Nacional de Migraciones. El esquema combina controles territoriales con las fuerzas federales y nuevas herramientas para centralizar información y generar alertas.
Migraciones define las zonas de los operativos mediante tareas de campo y análisis sobre lugares de mayor concentración o tránsito de extranjeros. Los despliegues pueden ser planificados o activarse a partir de un requerimiento y se coordinan con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En Nación aseguran que los operativos federales no requieren un aviso previo a los gobiernos provinciales.
Uno de los últimos procedimientos de mayor despliegue se realizó en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. Fuentes oficiales aseguran que se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias y que entre ellos se identificó a un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión. El gobierno de Santa Fe no había sido informado previamente.
La respuesta posterior depende del tipo de irregularidad detectada. Si una persona tiene vencida su permanencia o debe completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación. Si se comprueba un ingreso ilegal, puede avanzar el procedimiento migratorio que derive en una expulsión. Ante causas judiciales pendientes intervienen las fuerzas correspondientes, y cuando existe un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.
Ese esquema tiene ahora un marco legal más amplio que el que regía antes de 2025. El DNU 366/2025 facultó expresamente a Migraciones a requerir la acreditación de identidad y situación migratoria y a organizar operativos de inspección y fiscalización. También estableció que quien ingrese por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio puede quedar sujeto a expulsión y habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular sea detectado en el momento.
La ampliación territorial se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. La Resolución 551/2026 dispuso que Migraciones trabaje coordinadamente con PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA y ordenó crear en cada una de esas fuerzas Unidades de Seguridad Migratoria para tareas de prevención, detección e investigación de ilícitos migratorios.
Los procedimientos ya tienen antecedentes en distintos puntos del país. En abril, por ejemplo, la PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular; el operativo continuó luego en Tartagal. En julio, Gendarmería detectó además en Misiones a cinco ciudadanos chinos sin registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.
Otro frente es la reorganización tecnológica y administrativa de Migraciones. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar información de pasajeros que ingresan o salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Ese sistema se complementa con la plataforma central de control migratorio, que ya cruza movimientos con información de Interpol y datos anticipados suministrados por las compañías de transporte.
El Gobierno también creó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo dispone cruces automatizados y permite producir nuevas alertas a partir del análisis de riesgo y exige identificar su origen y grado de confiabilidad.
En ese contexto, Migraciones obligó además en julio a todo su personal a firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La disposición alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas, y establece que las consultas realizadas en los sistemas pueden quedar registradas y auditadas.
El endurecimiento operativo se combina con una nueva modificación legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso y cancelar una residencia que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios. Para quienes ya tienen residencia, la cancelación puede terminar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias del caso.
La Casa Rosada quiere incorporar esa causal al sistema de alertas migratorias, sin crear una plataforma tecnológica independiente. La intención es que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas consultados por los inspectores cuando intenta ingresar al país. Todavía resta definir un protocolo sensible: quién genera la alerta, con qué evidencia se carga y qué instancia la valida, especialmente ante la posibilidad de planteos judiciales.
En el Ejecutivo consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política diferente a la discusión que se produjo alrededor de la Ley de Tierras. Mientras en Balcarce 50 admitieron que la flexibilización sobre extranjerización generó un costo y terminó convirtiéndose en una disputa difícil de sostener, interpretan que una política de mayor control migratorio responde a una demanda que ya existe dentro de la base electoral libertaria y prevén profundizarla.
Fuente: TN
Nacionales
El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.
Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.
Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.
El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.
Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.
Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.
Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Qué dice el proyecto
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Fuente: Infobae
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Camina por el barrio, elige un lugar al azar y lo pinta gratis: ya transformó casi 40 negocios
Diego Fleitas camina por las calles de Berazategui y Quilmes con un ojo clínico. No busca baches ni direcciones; busca frentes apagados, persianas descascaradas y emprendedores que, como él hace 15 años, la estén “remando” contra viento y marea.
Diego, de 48 años, es dueño de Patodacolores, una pinturería familiar, pero en el último año se convirtió en algo más: el hombre que les devuelve el color a los barrios, de forma gratuita y al azar.
“Esta idea es para ayudar a un emprendedor que la está peleando. El frente de un comercio demuestra que la pintura es buena, pero sobre todo, demuestra que hay alguien del otro lado que apuesta por vos”, contó Diego en diálogo con TN.
La historia de la pinturería nació de un giro inesperado. Diego era profesor de Educación Física cuando conoció a Patricia Gauna (47). Ella trabajaba en el rubro y él, con el alma de emprendedor inquieta, le propuso abrir un negocio propio. “Me dijo de poner un gimnasio, pero terminamos emprendiendo en una pinturería”, recuerda.
Los comienzos en Quilmes no resultaron fáciles. Fueron durísimos. Los proveedores no nos querían vender y, para que te abran una cuenta, tenías que pagar todo en efectivo, invertir muchísimo dinero para iniciar y, encima, el alquiler. Fue a pulmón”. Hoy, 15 años después, el equipo es plenamente familiar: Diego, Patricia, su ahijado y sus hermanos, que dan una mano cuando el trabajo desborda.
La iniciativa de pintar fachadas gratis surgió en octubre de 2024, aunque los videos empezaron a viralizarse recién en 2025. “La idea fue mía, pero mi esposa me sigue a todo lo que digo, pobre”, bromeó Diego. El concepto es simple pero potente: detectar un local que necesite un cambio de imagen, presentarse con una carta y ofrecer la transformación total.
Sin embargo, el camino de la solidaridad tiene obstáculos. “Muchas veces nos rebotaron por desconfianza. También hay mucho ‘odio’ en redes porque llama la atención que alguien haga esto gratis”, explicó. Pero cuando el “sí” llega, la magia ocurre en tiempo récord: “Si lo podemos hacer en seis o siete horas, lo hacemos. Me encanta el factor sorpresa”.
“No pinto beige, la onda es que se vea”
Diego no se limita a cubrir manchas: busca impacto. Sus diseños suelen incluir colores vibrantes e incluso luces para que el negocio destaque de noche. “Necesitás ese impacto visual. Puedo pintar un beige clarito o un blanco, pero la idea es que se vea, que la gente pase y diga: ‘Mirá ese local’”, sostuvo.
Los resultados son inmediatos y no solo estéticos. Diego recuerda el caso de un barbero en un pueblo de Corrientes de 30 mil habitantes: “Lo vieron tres millones de personas en redes. Al pibe le llovían los pedidos. Yo les digo que van a vender más después de pintar, y después, me llaman para confirmarlo. Eso me emociona: la cara de la gente cuando ve su local terminado”.
Llevar adelante este proyecto requiere un malabarismo constante. Diego y Patricia coordinan las pintadas en los baches que deja la rutina familiar. “Lo voy mechando como puedo. Cuando mi nena está en el jardín, mi mujer va y viene del local y yo le meto al pincel”, relató.
Con casi 40 emprendedores ya transformados bajo el brazo, Diego siente que el rédito más grande no es económico, aunque el trabajo en la pinturería aumentó gracias a los “tips” y la visibilidad. “Todo lo que es solidaridad lo hacemos, no me alcanza. Hemos pintado hasta casas de acumuladores compulsivos”, indicó.
Para Diego, cada persiana que se levanta con color nuevo es una batalla ganada al desánimo. “Me re emociona que se vea tanto. Si nosotros subsistimos 15 años, quiero ayudar a que otros también lo logren”, completó.
Fuente: TN