Faltan menos de 24 horas para la audiencia clave de conciliación que puede definir el futuro de Boca. Porque mañana antes del mediodía se verán las caras los apoderados del club con los que representan a la oposición en el juzgado civil número 11 para llegar a un acuerdo que permita votar este domingo y elegir las nuevas autoridades que durante cuatro años estarán al frente de la institución. Y, si bien ayer a la noche tras escuchar a Juan Román Riquelme y a Andrés Ibarra parecía improbable que las partes firmen un armisticio, algunas fichas se movieron a esta hora para tratar de acercar posiciones.

El resultado es incierto, pero la actual comisión directiva irá al juzgado de la doctora Alejandra Abrevaya con una propuesta. La discusión está dada en principio sobre 13.364 socios que se pasaron de adherentes a activos entre agosto y noviembre de 2021, en el filo del cierre del padrón electoral. Estos son los electores “truchos” que denuncia la oposición. Pero esta mañana, la Junta Electoral comandada por el oficialismo hizo un relevamiento sobre cada uno de esos socios objetados. Y según afirman, sólo 4.100 fueron asociados como adherentes y después pasados a activos durante la presente gestión en el lapso denunciado. El resto, si bien también fueron pasados a activos en esos meses, son heredados de la administración anterior, la de Daniel Angelici. Con lo cual aducen que es imposible que haya sido una medida de corte electoralista. Y por estas horas discuten proponer que los comicios se lleven adelante el domingo y que esos 4100 socios voten en tres mesas separadas del resto y que si quién gane lo hace por un número mayor de votos, la cuestión quedará saldada. Y en cambio si la fórmula vencedora se consagrara por menos de 4100, que todo quede stand by hasta la resolución judicial.

Pero la oposición en principio no aceptaría esta propuesta. “Primero que muestren los papeles, los analizaremos y después vemos. Pero de entrada estarían admitiendo una irregularidad por lo que para nosotros no sería adecuado. Queremos votar el domingo, pero manteniendo la posición original de que los 13.364 hechos a las apuradas queden fuera del padrón”, le dijo a Infobae uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri.

Los artículos 9 y 19 del estatuto del club que refieren a la incorporación de socios activos

En el círculo de Juan Román Riquelme creen que si la oposición no cede un poco, no hay lugar para la negociación. Y temen el peor escenario: que la conciliación quede en la nada, se confirme la suspensión de las elecciones y empiecen a correr los tiempos judiciales que podrían hacer que recién se vaya a las urnas el año que viene. ¿Y quién quedaría a cargo del club entonces? Ese es el quit de la cuestión. Las opciones son dos: alargar el mandato de la actual Comisión Directiva hasta que se hagan las elecciones, como pasó por ejemplo en Independiente durante nueve meses, o que la Inspección General de Justicia, que es el ente que regula las asociaciones civiles, ante la presentación de alguna de las partes declare acéfalo al club y lo intervenga hasta que se produzca el acto electoral. Este último punto sería un escándalo, pero preguntado ayer Andrés Ibarra por este cronista sobre si podrían ir hacia ese escenario, no sólo no lo descartó, sino que lo abonó. “Si no hay elecciones deberá definir el organismo correspondiente”, aseguró.

Como antecedente, cuando Mauricio Macri se consagró presidente de la Nación, a los pocos meses y ante la crisis institucional de AFA (venía del escándalo de la elección 38 a 38) la IGJ resolvió debido a irregularidades administrativas y con la venia judicial (por entonces había una causa en el despacho de la magistrada Servini de Cubría) poner veedores y dar vía libre para lo que finalmente sucedió: la intervención de una Comisión Normalizadora por el término de un año, al cabo del cual debía llamarse a elecciones, lo que finalmente ocurrió consagrando a Claudio Chiqui Tapia como el nuevo presidente.

Este miedo recorre al oficialismo actual porque creen que con el recambio de autoridades nacionales, la IGJ pasaría a estar en manos de gente afín al nuevo presidente argentino, Javier Milei, y por propiedad transitiva a Mauricio Macri. “Como no nos pueden ganar con los votos, intentan esto”, dicen los Riquelmistas. Y si bien tienen un punto a favor, es bastante endeble la explicación sobre el por qué del paso discrecional de socios adherentes a activos en poco tiempo y sin respetar la antigüedad de los mismos.

Parte de la declaración de la testigo Julieta

El argumento es que tras la pandemia hicieron una actualización del padrón y descubrieron que del número recibido de socios activos en 2019 al que había en 2021, faltaba esa cantidad. Entonces le dieron la chance a muchos adherentes. En una cancha cuya capacidad es de 57.000 personas, sumarle un 15% más de hinchas con opción a ingresar a los 85.000 que había era obvio que marcaría el actual escándalo de una multitud quedándose afuera y la instalación de un filtro súper restrictivo para hacerse de una localidad, lo que siempre genera un mercado negro atractivo y escandaloso que se está investigando por cuerda separada y que tiene en la mira a Cristian, hermano de Juan Román Riquelme, y al actual secretario general de Boca, Ricardo Rosica, causa que tenía prevista sus declaraciones indagatorias para mañana, pero que fueron suspendidas sin fecha tras la recusación que Riquelme le hizo hoy a la fiscal por enemistad manifiesta.

Pero además de la reventa, en el caso del pase de adherentes a activos se insinúa en el proceso judicial que quienes lo hicieron lo lograron mediante favores, contactos, regalos y otras yerbas. Sobre este punto la actual administración admite la discrecionalidad, pero se asienta sobre la base de que eso siempre fue así, argumento al que no le falta razón. “Ellos hicieron 51.000 pases así entre 2012 y 2019″, aducen. Y empuñan el artículo 19 del estatuto del club que habla de que los adherentes más antiguos tienen prioridad para subir a activos en caso de vacantes, pero que no hay obligatoriedad porque la política la fija la Comisión Directiva según el artículo 6. Una interpretación un tanto sesgada y que seguramente enojará a todo aquel que viene pagando hace diez años como adherente y ve cómo socios con mucha menor antigüedad pasan a activos por gestiones internas.

Fuente: infobae