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Adopción en la Argentina: “Hoy tenemos una situación de desencuentro”
El director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos explicó que el principal problema es que las expectativas de los postulantes inscriptos no se condicen con la realidad de las niñas, niños y adolescentes que esperan una familia. ¿Cómo trabajan para cambiar esas miradas y lograr derribar el gran mito de que adoptar es muy difícil?
El grueso de las familias inscriptas en los registros de adopción quieren bebés o niños pequeños, y solo una de cada 100 recibiría a adolescentes. Esto contrasta fuertemente con la realidad de la mayoría de las chicas y chicos en situación de adoptabilidad, que en promedio tienen más de ocho años. Lograr ese “encuentro” es uno de los grandes desafíos que plantea Juan Jeannot, psicólogo y director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Jeannot conoce la problemática por dentro. Hace nueve años ingresó a la Dnrua como parte del equipo asesor del programa de acompañamiento para familias en períodos de vinculación, guarda y adopción, y en ese recorrido escuchó una y otra vez la misma frase: “Hace mucho tiempo que estoy anotado y no me llaman". Por eso, subraya que es necesario que los postulantes conozcan las estadísticas y entiendan que “la adopción es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer, vivir y desarrollarse en una familia”.
En este sentido, considera que “es fundamental trabajar sobre la disponibilidad adoptiva de los postulantes”, es decir, que piensen en inscribirse para adoptar a chicos y chicas “más grandes” o grupos de hermanos. Justamente, a eso también apunta la nueva campaña "Crecer en familia es un derecho”, lanzada estos días por la cartera de Justicia junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
-¿Cuál es el principal desafío de la adopción en la Argentina?
-Poder encontrar familias para los niños, niñas y adolescentes que están privados de cuidados parentales y tienen declarada la situación de adoptabilidad, que en su mayoría son mayores de ocho años, grupos de hermanos, o tienen alguna discapacidad. Hoy tenemos una situación de desencuentro. Por un lado, todos esos niños, niñas y adolescentes y, por otro, postulantes con voluntades adoptivas muy acotadas. Es decir, dispuestos a adoptar a niños más chicos. Ahí es donde se produce el desencuentro. Uno escucha el enojo de muchas familias que dicen "hace mucho tiempo que estoy anotado y no me llaman". Y esto tiene que ver con estas situaciones.
-En las charlas, ¿cuáles son los "mitos" que más escuchan?
-El primer gran mito es que adoptar en la Argentina es imposible y muy burocrático. Y justamente, está relacionado con ese desencuentro que mencionaba, porque hoy tenemos 2427 familias inscriptas en todo el país, que pueden ser solicitadas por cualquier juzgado. Y por otro lado, hay 2199 niños, niñas y adolescentes esperando. Los números son muy parecidos, entonces uno dice ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? Y la respuesta está en las voluntades adoptivas. Si alguien se inscribe para un niño o niña de 12 años, probablemente lo llamen de muchos juzgados y enseguida.
-¿Qué medidas se están tomando para abordar ese gran "desencuentro" que mencionaba?
-El objetivo principal es visibilizar la realidad de la adopción en la Argentina, y particularmente el ministro de Justicia Martín Soria está muy interesado en trabajar al respecto. Por eso se pensó y se acaba de presentar una campaña nacional de adopción hecha en conjunto por el Ministerio de Justicia de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Creo que es histórico que dos ministerios estén trabajando juntos en este tema. Senaf hace relativamente poco tiempo presentó el relevamiento de niños privados de cuidados parentales. Se cruzó esa información con las estadísticas de la Dnrua de todas las familias inscriptas del país y con esos datos se pensó esta campaña desde ese lugar. Básicamente, mostraban el desencuentro del que venimos conversando.
-¿Qué busca visibilizar la campaña "Crecer en familia es un derecho”?
-Apunta principalmente a sensibilizar sobre la temática, la disponibilidad adoptiva y a visibilizar a estos niños, niñas, adolescentes que están en situación de adoptabilidad y están esperando una familia. Trabajar con las voluntades adoptivas es algo que se hace previo a la inscripción, pero no es una pregunta cerrada, es dinámica: mientras uno está inscripto puede ir pensándolo y dejarse acompañar por los equipos técnicos e ir trabajando esos límites que uno se va poniendo. Por ejemplo, si uno dice "me voy a postular para un niño de 6 años", bueno, preguntarse "¿por qué no uno de 7?".
-¿Cuál es el rol específico de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos?
-La Dnrua, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se creó primero con el objetivo de formalizar una base de datos de todas las familias inscriptas del país. Luego se formó la Red de Registros Federal, a la que fueron adhiriendo todas las provincias. En 2017, Catamarca fue la última provincia en adherir, así que ya está todo el país en red. Esto implica que cada persona que esté interesada en adoptar se inscribe en el registro correspondiente a su domicilio y su alta es válida en todo el país.
-¿Cuáles son las principales problemáticas que detectan según las jurisdicciones?
-Para poder trabajar las diferentes problemáticas estamos divididos regionalmente en Patagonia, NEA, NOA, Nuevo Cuyo, Litoral Centro y Atlántica, que ocupa toda la provincia de Buenos Aires, que nuclea la mitad de la base de los postulantes. Por ejemplo, en Patagonia hay menos niños en situación de adoptabilidad, mientras que en el norte suele haber más. Esto es lo interesante de trabajar en red. Quizás en la región Patagonia hay postulantes con voluntades adoptivas más amplias, como en Tierra del Fuego, que terminan haciendo vinculaciones en otras jurisdicciones.
-Ahí surge una complejidad que es cómo se hacen esos procesos de vinculación, sobre todo por un tema de costos. ¿Existe algún sostén económico?
-Por el momento, cada registro provincial trabaja para ver si hay posibilidad de brindar alguna ayuda económica de viáticos. Si no es posible, en algunos casos puntuales hemos acompañado desde Nación con pasajes de avión, por ejemplo, en situaciones de grupos de varios hermanitos. También, algo que la pandemia nos trajo son todas las herramientas virtuales. Entonces muchas vinculaciones se inician previamente desde la virtualidad.
-Para que los postulantes puedan entender qué implica la adopción y quiénes son realmente las chicas y chicos que esperan, ¿sería necesario que la inscripción requiera un taller obligatorio previo?
-A todas las personas que están interesadas en adoptar, como primera medida les sugeriría que se acerquen a su registro local, que les van a explicar todo y en muchos brindan charlas. Desde Nación, todos los meses damos charlas informativas abiertas a la comunidad para personas interesadas en adoptar o en la temática, que a partir de la pandemia son virtuales, así que pueden participar desde todo el país. Explicamos cómo es el sistema, cuáles son los requisitos, desmitificamos varias cuestiones y mostramos las estadísticas de las familias inscriptas, porque creemos que hacerlo ayuda un poco a ver esta cuestión. Antes la gente venía como muy querellante, pero poco a poco se va entendiendo que la adopción es el derecho del niño a tener una familia y el cambio de paradigma de ver al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, a darle importancia a su voz y al derecho a ser oídos en todo el proceso adoptivo.
-¿Por qué cree que muchas personas dicen que es necesario modificar la ley de adopción?
-Se escucha mucho esto, pero la realidad es que el Código Civil y Comercial, que fue reformado en 2015, es muy claro en muchos aspectos, sobre todo en los tiempos que manifiesta en relación a los plazos que los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales deben permanecer en hogares o en instituciones como familias de tránsito. Eso creo que es lo más importante que trae el código y todos tenemos que trabajar en pos de esos tiempos. Por eso, también es importante armar mesas de trabajo en cada una de las provincias, con organismos de protección, juzgados y registros para trabajar articuladamente para que esos tiempos se cumplan. Este año ya hicimos tres conversatorios destinados a profesionales para trabajar diferentes temáticas, como identidad, diversidad familiar y discapacidad. En octubre vamos a hacer uno sobre abuso sexual en la infancia. Es un tema que preocupa porque a muchas familias les resulta muy dificultoso acompañar niñas o niños que atravesaron estas situaciones y terminan desistiendo. Creemos que si los profesionales cuentan con herramientas para acompañar, esto seguramente cambie y no haya estos desistimientos en las vinculaciones, porque es muy difícil para estos niños, niñas o adolescentes volver a confiar cuando una guarda fracasa. A veces no vuelven a los mismos hogares porque ya se ocupó esa vacante, entonces es como si otra vez se volvieran a vulnerar todos sus derechos.
Fuente: Télam
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El Gobierno profundiza los controles migratorios en todo el país para detectar extranjeros en situación irregular
El Gobierno profundiza los operativos para detectar extranjeros en situación irregular y avanza con cambios internos, legales y tecnológicos en la Dirección Nacional de Migraciones. El esquema combina controles territoriales con las fuerzas federales y nuevas herramientas para centralizar información y generar alertas.
Migraciones define las zonas de los operativos mediante tareas de campo y análisis sobre lugares de mayor concentración o tránsito de extranjeros. Los despliegues pueden ser planificados o activarse a partir de un requerimiento y se coordinan con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En Nación aseguran que los operativos federales no requieren un aviso previo a los gobiernos provinciales.
Uno de los últimos procedimientos de mayor despliegue se realizó en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. Fuentes oficiales aseguran que se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias y que entre ellos se identificó a un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión. El gobierno de Santa Fe no había sido informado previamente.
La respuesta posterior depende del tipo de irregularidad detectada. Si una persona tiene vencida su permanencia o debe completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación. Si se comprueba un ingreso ilegal, puede avanzar el procedimiento migratorio que derive en una expulsión. Ante causas judiciales pendientes intervienen las fuerzas correspondientes, y cuando existe un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.
Ese esquema tiene ahora un marco legal más amplio que el que regía antes de 2025. El DNU 366/2025 facultó expresamente a Migraciones a requerir la acreditación de identidad y situación migratoria y a organizar operativos de inspección y fiscalización. También estableció que quien ingrese por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio puede quedar sujeto a expulsión y habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular sea detectado en el momento.
La ampliación territorial se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. La Resolución 551/2026 dispuso que Migraciones trabaje coordinadamente con PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA y ordenó crear en cada una de esas fuerzas Unidades de Seguridad Migratoria para tareas de prevención, detección e investigación de ilícitos migratorios.
Los procedimientos ya tienen antecedentes en distintos puntos del país. En abril, por ejemplo, la PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular; el operativo continuó luego en Tartagal. En julio, Gendarmería detectó además en Misiones a cinco ciudadanos chinos sin registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.
Otro frente es la reorganización tecnológica y administrativa de Migraciones. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar información de pasajeros que ingresan o salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Ese sistema se complementa con la plataforma central de control migratorio, que ya cruza movimientos con información de Interpol y datos anticipados suministrados por las compañías de transporte.
El Gobierno también creó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo dispone cruces automatizados y permite producir nuevas alertas a partir del análisis de riesgo y exige identificar su origen y grado de confiabilidad.
En ese contexto, Migraciones obligó además en julio a todo su personal a firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La disposición alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas, y establece que las consultas realizadas en los sistemas pueden quedar registradas y auditadas.
El endurecimiento operativo se combina con una nueva modificación legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso y cancelar una residencia que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios. Para quienes ya tienen residencia, la cancelación puede terminar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias del caso.
La Casa Rosada quiere incorporar esa causal al sistema de alertas migratorias, sin crear una plataforma tecnológica independiente. La intención es que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas consultados por los inspectores cuando intenta ingresar al país. Todavía resta definir un protocolo sensible: quién genera la alerta, con qué evidencia se carga y qué instancia la valida, especialmente ante la posibilidad de planteos judiciales.
En el Ejecutivo consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política diferente a la discusión que se produjo alrededor de la Ley de Tierras. Mientras en Balcarce 50 admitieron que la flexibilización sobre extranjerización generó un costo y terminó convirtiéndose en una disputa difícil de sostener, interpretan que una política de mayor control migratorio responde a una demanda que ya existe dentro de la base electoral libertaria y prevén profundizarla.
Fuente: TN
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El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.
Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.
Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.
El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.
Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.
Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.
Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Qué dice el proyecto
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Fuente: Infobae
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Camina por el barrio, elige un lugar al azar y lo pinta gratis: ya transformó casi 40 negocios
Diego Fleitas camina por las calles de Berazategui y Quilmes con un ojo clínico. No busca baches ni direcciones; busca frentes apagados, persianas descascaradas y emprendedores que, como él hace 15 años, la estén “remando” contra viento y marea.
Diego, de 48 años, es dueño de Patodacolores, una pinturería familiar, pero en el último año se convirtió en algo más: el hombre que les devuelve el color a los barrios, de forma gratuita y al azar.
“Esta idea es para ayudar a un emprendedor que la está peleando. El frente de un comercio demuestra que la pintura es buena, pero sobre todo, demuestra que hay alguien del otro lado que apuesta por vos”, contó Diego en diálogo con TN.
La historia de la pinturería nació de un giro inesperado. Diego era profesor de Educación Física cuando conoció a Patricia Gauna (47). Ella trabajaba en el rubro y él, con el alma de emprendedor inquieta, le propuso abrir un negocio propio. “Me dijo de poner un gimnasio, pero terminamos emprendiendo en una pinturería”, recuerda.
Los comienzos en Quilmes no resultaron fáciles. Fueron durísimos. Los proveedores no nos querían vender y, para que te abran una cuenta, tenías que pagar todo en efectivo, invertir muchísimo dinero para iniciar y, encima, el alquiler. Fue a pulmón”. Hoy, 15 años después, el equipo es plenamente familiar: Diego, Patricia, su ahijado y sus hermanos, que dan una mano cuando el trabajo desborda.
La iniciativa de pintar fachadas gratis surgió en octubre de 2024, aunque los videos empezaron a viralizarse recién en 2025. “La idea fue mía, pero mi esposa me sigue a todo lo que digo, pobre”, bromeó Diego. El concepto es simple pero potente: detectar un local que necesite un cambio de imagen, presentarse con una carta y ofrecer la transformación total.
Sin embargo, el camino de la solidaridad tiene obstáculos. “Muchas veces nos rebotaron por desconfianza. También hay mucho ‘odio’ en redes porque llama la atención que alguien haga esto gratis”, explicó. Pero cuando el “sí” llega, la magia ocurre en tiempo récord: “Si lo podemos hacer en seis o siete horas, lo hacemos. Me encanta el factor sorpresa”.
“No pinto beige, la onda es que se vea”
Diego no se limita a cubrir manchas: busca impacto. Sus diseños suelen incluir colores vibrantes e incluso luces para que el negocio destaque de noche. “Necesitás ese impacto visual. Puedo pintar un beige clarito o un blanco, pero la idea es que se vea, que la gente pase y diga: ‘Mirá ese local’”, sostuvo.
Los resultados son inmediatos y no solo estéticos. Diego recuerda el caso de un barbero en un pueblo de Corrientes de 30 mil habitantes: “Lo vieron tres millones de personas en redes. Al pibe le llovían los pedidos. Yo les digo que van a vender más después de pintar, y después, me llaman para confirmarlo. Eso me emociona: la cara de la gente cuando ve su local terminado”.
Llevar adelante este proyecto requiere un malabarismo constante. Diego y Patricia coordinan las pintadas en los baches que deja la rutina familiar. “Lo voy mechando como puedo. Cuando mi nena está en el jardín, mi mujer va y viene del local y yo le meto al pincel”, relató.
Con casi 40 emprendedores ya transformados bajo el brazo, Diego siente que el rédito más grande no es económico, aunque el trabajo en la pinturería aumentó gracias a los “tips” y la visibilidad. “Todo lo que es solidaridad lo hacemos, no me alcanza. Hemos pintado hasta casas de acumuladores compulsivos”, indicó.
Para Diego, cada persiana que se levanta con color nuevo es una batalla ganada al desánimo. “Me re emociona que se vea tanto. Si nosotros subsistimos 15 años, quiero ayudar a que otros también lo logren”, completó.
Fuente: TN