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Santiago Cafiero defendió la posición de la Argentina frente a Venezuela y apuntó contra la oposición: “Va camino a una ultraderecha antidemocrática”
En su presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete explicó la postura del Gobierno luego del voto ante la ONU. Pidió a Juntos por el Cambio dejar “el discurso del odio” y les recomendó “bajar un poco los decibeles”.
El jefe de gabinete, uno de los hombres más cercanos al Presidente, pareció hacer equilibrio entre la posición kirchnerista, visiblemente más favorable a Nicolás Maduro, y el mensaje de Fernández y Solá hacia la ONU frente al informe de la chilena Michelle Bachelet. “La Argentina ratificó la decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito, en cualquier gobierno. No hay distancia ni diferencia con lo que se venía haciendo, lo de ayer era un informe que hablaba sobre Venezuela. A nosotros también nos preocupan los derechos humanos en otros países de la región como Colombia y como Bolivia. Incluso nos preocupan los derechos humanos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. La Argentina tiene una conducta en defensa de los derechos humanos en todo el planeta y no la acomoda”, continuó Cafiero. Insistió además en que “no se ha modificado en nada la posición de nuestro país”. Para ese momento ya se había retirado del recinto la vicepresidenta y en su lugar coordinaba la sesión la santiagueña Claudia Ledesma de Abdala.
Después de toda la ronda de preguntas de los senadores oficialistas, sorpresivamente, Cafiero avisó que respondería algunas consultas pendientes de la oposición. “Voy a hablar del representante ante la OEA porque algunos preguntaron. Estamos conformes con su tarea y no está bajo estudio su funcionamiento ni su cargo”, defendió a Carlos Raimundi, y desmintió un posible pedido de renuncia después de que el diplomático, de perfil político, apoyara a Venezuela y cuestionara un informe sobre violación a los derechos humanos de Naciones Unidas. La consulta la había hecho el fueguino Pablo Blanco, de la UCR.
En el día de la Virgen del Rosario, Cristina Fernández de Kirchner ingresó al recinto con un delicado rosario en su cuello. Nunca hasta ahora se mostró al frente de las sesiones con símbolo religioso alguno. Chequeó el quórum y anunció que iniciaban la audiencia. Advirtió su error, se rió, bromeó y preguntó por qué se habría equivocado y en lugar de decir “sesión” había dicho “audiencia”, un término más vinculado a los tribunales que al recinto político.
Izó la bandera el rionegrino Martín Doñate, de La Cámpora, que participa en forma presencial habilitado por el nuevo protocolo que impulsó el Frente de Todos y que cuestionó Juntos por el Cambio. Incluso hubo una senadora opositora en esta ocasión.
Santiago Cafiero, jefe de gabinete, llegó al Senado a las 13:30, pasó por el despacho de la titular del cuerpo y juntos llegaron hasta el Salón de Honor donde él esperó el momento de presentarse ante los senadores para dar su segundo informe al Senado, el tercero frente al Congreso y en el marco de pandemia. Dos días antes envió por escrito las respuestas a las 760 preguntas que le hicieron 35 senadores nacionales.
Cafiero tenía 60 minutos para su discurso inicial. Sólo usó 47. Describió los últimos meses como “el peor trimestre” y hasta habló sobre la suba de los índices de pobreza que acaba de difundir el INDEC. Prometió: “No venimos a excusarnos, no venimos a escudarnos en la crisis global”. Pero pidió “que se reconozca” la situación general, el marco de pandemia. “No vinimos a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, vinimos a poner las cosas en orden y a ver cómo salimos entre todos adelante”, siguió en clara referencia a una reconocida frase pronunciada por Mauricio Macri después de acudir al Fondo Monetario Internacional en busca de financiamiento.
“El gobierno anterior abrazó un modelo chico, de exclusión, entendió que era el modelo viable y lo único que provocó fue que se acentuara cada vez más las crisis en nuestro país”, remarcó con tono pausado. En otra alusión al macrismo apuntó: “No vinimos a prometer semestres ni lluvias de inversiones que terminaron siendo lluvias de endeudamientos”.
“Se reestructuró la deuda y se generó un perfil de sostenibilidad en el tiempo que hizo que podamos destinar recursos a la infraestructura, la salud y la educación. Los recursos no se fueron por la canaleta de la deuda”, explicó el funcionario sobre la acción del Gobierno que habló de “una doble crisis” como consecuencia de la crisis de la balanza de pagos del período de 2018 y 2019 y el coronavirus.
En el recinto lo escuchaban, además de Doñate, la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala; la vicepresidenta del cuerpo Laura Rodríguez Machado (PRO); el vice Martín Lousteau (Evolución-UCR); la peronista María Teresa González y esta vez y por primera vez, la opositora María Clara Vega que por el bloque Parlamentario Federal sí aceptó el cambio de protocolo del oficialismo y viajó desde La Rioja, cumpliendo los protocolos para trasladarse, y ocupó un lugar en forma presencial.

Fue Rodríguez Machado quien arrancó la lista de oradores y no se privó de una ironía. “Mucho no ha logrado su objetivo porque ha nombrado como 15 veces al gobierno anterior y cinco veces a Mauricio Macri”, apuntó picante la cordobesa, que pidió explicaciones sobre 70 despidos en el PAMI y reclamó recursos nacionales para luchar contra los incendios en su provincia.
Según un acuerdo previo, el primer bloque de preguntas fue para la principal oposición: 14 senadores de Juntos por el Cambio tuvieron 5 minutos cada uno. En la segunda tanda se anotaron diez senadores del Frente de Todos que en forma proporcional al bloque que integran tienen 10 minutos para expresarse lo que da un total de una hora y 40 minutos.
Más allá de las preguntas enviadas por escrito, en forma oral hubo repreguntas como las de Mario Fiad respecto a la salida prevista para el aislamiento. Cuando Cafiero terminó de responder la primera ronda de consultas se oyó una voz masculina: “¡No me contestó!”. La modalidad prevista, que no permite intercambios, genera cierta monotonía y la posibilidad de elegir cuánto y qué contestar.

Como dijo el propio Cafiero, se salió “un poco de libreto”. “Este es un ámbito de debate y creo que puedo ser franco: me voy un poco de libreto pero ya que la senadora Verasay me preguntó cómo veo a la oposición... yo creo que la oposición, si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y ultraderecha minoritaria. Me parece que esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado, este terraplanismo que quiere discutir sobre libertades, hasta incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas y válidas y comprobadas; me parece que no es el camino”, dijo, y terminó así sus respuestas a la oposición.
Antes había dado cifras y datos con varias comparaciones respecto a la gestión macrista. Habló por ejemplo sobre los incendios. Repitió que “en el 2019 el presupuesto para el manejo del fuego era de $283 millones y se redujo y quedó en 245, para el 2020 iniciamos con $245 millones de pesos porque prorrogamos el presupuesto 2019 y lo subimos y ampliamos a $727 millones”. Señaló el punto como un ejemplo. “Hemos aumentado ostensiblemente el presupuesto; si hay una emergencia no vamos a llamar a rezar, lo que vamos a hacer es ocuparnos del tema y del problema”, volvió a aludir al macrismo. “El plan de manejo del fuego se ha aumentado 260%”, agregó, y responsabilizó a la Justicia por la falta de respuesta frente al dato que presentó: “El 95% de los incendios son intencionales”.
Respecto a los despidos del PAMI, aseguró que “solo se han modificado cargos políticos de la gestión, ninguno es empleado de planta del organismo, lo que se ha hecho es reemplazar los cargos políticos del área”.
Como ocurrió en paralelo en el recinto de Diputados, hubo reclamos por los problemas de circulación entre las provincias, especialmente al caso de San Luis. “La circulación entre las provincias está garantizada, el Ministerio de Seguridad de la provincia de San Luis estuvo en conversaciones con el Ministerio del Interior y han trabajado para destrabar y vehiculizar el corte con los productores agropecuarios que no podían transitar. Mañana viajan funcionarios de interior para terminar de rubricar el acuerdo”, anticipó.

También defendió la compensación a pequeños productores a requerimiento del entrerriano Alfredo de Angeli; y calculó que “los jubilados perdieron 19,5% después de aprobar la fórmula de Macri” mientras que este año “en términos reales hay un aumento de las jubilaciones reales del 7,6%, un beneficio que llega a seis millones de jubilados”, le contestó a Elías de Pérez.
Sobre los subsidios al transporte, que describió 185% más altos que en 2019, se comprometió a averiguar y evaluar si hay algún tipo de demora en las transferencias.
También habló sobre los tres candidatos a la Cámara Electoral: “Cumplían los requisitos de idoneidad técnica para el cargo pero sólo uno tenía experiencia como juez con competencia electoral, es de destacar que los puntajes son todos bastante similares, este concurso se terminó en el 2018. A mí me gustaría también saber si durante el 2018 y el 2019 la senadora reclamaba a mi antecesor que enviara el pliego al Senado”, increpó nuevamente a la oposición, que consultó por la exclusión de Alejandra Lázzaro y la elección del tucumano Daniel Bejas, ex apoderado del PJ.
Sobre los reproches por su alusión al pasado reciente explicó: “Si no sabemos de dónde venimos y dónde estamos, ¿cómo vamos a explicar adónde queremos ir?”.
Desde el Frente de Todos llegaron preguntas más amables, por ejemplo de la puntana María Eugenia Catalfamo, que agradeció la ayuda contra los incendios y destacó el trabajo del personal de San Luis para atender todos los pedidos de ingreso a la provincia.
“Nada alcanza, pero quiero agradecerle en nombre del pueblo de Río Negro el trabajo que están haciendo, vemos qué están haciendo para sacar al pueblo de esta crisis”, expresó la barilochense Silvina García Larraburu, que pidió información sobre la ayuda a los trabajadores temporarios, del turismo por ejemplo, y también reclamó trabajar “mancomunadamente, sin mezquindades, necesitamos una oposición que esté a la altura de las circunstancias”.
Fuente: INFOBAE
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El Gobierno profundiza los controles migratorios en todo el país para detectar extranjeros en situación irregular
El Gobierno profundiza los operativos para detectar extranjeros en situación irregular y avanza con cambios internos, legales y tecnológicos en la Dirección Nacional de Migraciones. El esquema combina controles territoriales con las fuerzas federales y nuevas herramientas para centralizar información y generar alertas.
Migraciones define las zonas de los operativos mediante tareas de campo y análisis sobre lugares de mayor concentración o tránsito de extranjeros. Los despliegues pueden ser planificados o activarse a partir de un requerimiento y se coordinan con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En Nación aseguran que los operativos federales no requieren un aviso previo a los gobiernos provinciales.
Uno de los últimos procedimientos de mayor despliegue se realizó en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. Fuentes oficiales aseguran que se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias y que entre ellos se identificó a un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión. El gobierno de Santa Fe no había sido informado previamente.
La respuesta posterior depende del tipo de irregularidad detectada. Si una persona tiene vencida su permanencia o debe completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación. Si se comprueba un ingreso ilegal, puede avanzar el procedimiento migratorio que derive en una expulsión. Ante causas judiciales pendientes intervienen las fuerzas correspondientes, y cuando existe un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.
Ese esquema tiene ahora un marco legal más amplio que el que regía antes de 2025. El DNU 366/2025 facultó expresamente a Migraciones a requerir la acreditación de identidad y situación migratoria y a organizar operativos de inspección y fiscalización. También estableció que quien ingrese por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio puede quedar sujeto a expulsión y habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular sea detectado en el momento.
La ampliación territorial se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. La Resolución 551/2026 dispuso que Migraciones trabaje coordinadamente con PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA y ordenó crear en cada una de esas fuerzas Unidades de Seguridad Migratoria para tareas de prevención, detección e investigación de ilícitos migratorios.
Los procedimientos ya tienen antecedentes en distintos puntos del país. En abril, por ejemplo, la PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular; el operativo continuó luego en Tartagal. En julio, Gendarmería detectó además en Misiones a cinco ciudadanos chinos sin registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.
Otro frente es la reorganización tecnológica y administrativa de Migraciones. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar información de pasajeros que ingresan o salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Ese sistema se complementa con la plataforma central de control migratorio, que ya cruza movimientos con información de Interpol y datos anticipados suministrados por las compañías de transporte.
El Gobierno también creó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo dispone cruces automatizados y permite producir nuevas alertas a partir del análisis de riesgo y exige identificar su origen y grado de confiabilidad.
En ese contexto, Migraciones obligó además en julio a todo su personal a firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La disposición alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas, y establece que las consultas realizadas en los sistemas pueden quedar registradas y auditadas.
El endurecimiento operativo se combina con una nueva modificación legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso y cancelar una residencia que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios. Para quienes ya tienen residencia, la cancelación puede terminar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias del caso.
La Casa Rosada quiere incorporar esa causal al sistema de alertas migratorias, sin crear una plataforma tecnológica independiente. La intención es que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas consultados por los inspectores cuando intenta ingresar al país. Todavía resta definir un protocolo sensible: quién genera la alerta, con qué evidencia se carga y qué instancia la valida, especialmente ante la posibilidad de planteos judiciales.
En el Ejecutivo consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política diferente a la discusión que se produjo alrededor de la Ley de Tierras. Mientras en Balcarce 50 admitieron que la flexibilización sobre extranjerización generó un costo y terminó convirtiéndose en una disputa difícil de sostener, interpretan que una política de mayor control migratorio responde a una demanda que ya existe dentro de la base electoral libertaria y prevén profundizarla.
Fuente: TN
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El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.
Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.
Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.
El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.
Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.
Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.
Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Qué dice el proyecto
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Fuente: Infobae
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Camina por el barrio, elige un lugar al azar y lo pinta gratis: ya transformó casi 40 negocios
Diego Fleitas camina por las calles de Berazategui y Quilmes con un ojo clínico. No busca baches ni direcciones; busca frentes apagados, persianas descascaradas y emprendedores que, como él hace 15 años, la estén “remando” contra viento y marea.
Diego, de 48 años, es dueño de Patodacolores, una pinturería familiar, pero en el último año se convirtió en algo más: el hombre que les devuelve el color a los barrios, de forma gratuita y al azar.
“Esta idea es para ayudar a un emprendedor que la está peleando. El frente de un comercio demuestra que la pintura es buena, pero sobre todo, demuestra que hay alguien del otro lado que apuesta por vos”, contó Diego en diálogo con TN.
La historia de la pinturería nació de un giro inesperado. Diego era profesor de Educación Física cuando conoció a Patricia Gauna (47). Ella trabajaba en el rubro y él, con el alma de emprendedor inquieta, le propuso abrir un negocio propio. “Me dijo de poner un gimnasio, pero terminamos emprendiendo en una pinturería”, recuerda.
Los comienzos en Quilmes no resultaron fáciles. Fueron durísimos. Los proveedores no nos querían vender y, para que te abran una cuenta, tenías que pagar todo en efectivo, invertir muchísimo dinero para iniciar y, encima, el alquiler. Fue a pulmón”. Hoy, 15 años después, el equipo es plenamente familiar: Diego, Patricia, su ahijado y sus hermanos, que dan una mano cuando el trabajo desborda.
La iniciativa de pintar fachadas gratis surgió en octubre de 2024, aunque los videos empezaron a viralizarse recién en 2025. “La idea fue mía, pero mi esposa me sigue a todo lo que digo, pobre”, bromeó Diego. El concepto es simple pero potente: detectar un local que necesite un cambio de imagen, presentarse con una carta y ofrecer la transformación total.
Sin embargo, el camino de la solidaridad tiene obstáculos. “Muchas veces nos rebotaron por desconfianza. También hay mucho ‘odio’ en redes porque llama la atención que alguien haga esto gratis”, explicó. Pero cuando el “sí” llega, la magia ocurre en tiempo récord: “Si lo podemos hacer en seis o siete horas, lo hacemos. Me encanta el factor sorpresa”.
“No pinto beige, la onda es que se vea”
Diego no se limita a cubrir manchas: busca impacto. Sus diseños suelen incluir colores vibrantes e incluso luces para que el negocio destaque de noche. “Necesitás ese impacto visual. Puedo pintar un beige clarito o un blanco, pero la idea es que se vea, que la gente pase y diga: ‘Mirá ese local’”, sostuvo.
Los resultados son inmediatos y no solo estéticos. Diego recuerda el caso de un barbero en un pueblo de Corrientes de 30 mil habitantes: “Lo vieron tres millones de personas en redes. Al pibe le llovían los pedidos. Yo les digo que van a vender más después de pintar, y después, me llaman para confirmarlo. Eso me emociona: la cara de la gente cuando ve su local terminado”.
Llevar adelante este proyecto requiere un malabarismo constante. Diego y Patricia coordinan las pintadas en los baches que deja la rutina familiar. “Lo voy mechando como puedo. Cuando mi nena está en el jardín, mi mujer va y viene del local y yo le meto al pincel”, relató.
Con casi 40 emprendedores ya transformados bajo el brazo, Diego siente que el rédito más grande no es económico, aunque el trabajo en la pinturería aumentó gracias a los “tips” y la visibilidad. “Todo lo que es solidaridad lo hacemos, no me alcanza. Hemos pintado hasta casas de acumuladores compulsivos”, indicó.
Para Diego, cada persiana que se levanta con color nuevo es una batalla ganada al desánimo. “Me re emociona que se vea tanto. Si nosotros subsistimos 15 años, quiero ayudar a que otros también lo logren”, completó.
Fuente: TN
